La circular que emitieron el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud que ordena eliminar las autorizaciones médicas para tratar algunas enfermedades crónicas no fue tan bien recibida por las organizaciones que velan por los pacientes del país.

Por ejemplo, Denis Silva, vocero del movimiento Pacientes Colombia, se declaró "parcialmente" de acuerdo.

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En comunicación con Zona Cero, respaldó que los "pacientes no son tramitadores ni mensajeros de las EPS y las IPS".

Y enfatizó en que en Colombia "no existen autorizaciones, hay trámites administrativos que tienen que hacer las IPS o el gestor farmacéutico, que son los que reciben la intermediación por su oficio".

La Superintendencia de Salud indicó que en el último año se presentaron 76.404 reclamaciones a EPS por autorizaciones de servicios de salud a pacientes crónicos y de alto costo, de los cuales 26.445 casos corresponden a pacientes enfermos de cáncer, lo que presenta el 34,61% de los reclamos, y 21.896 a pacientes con enfermedades cardiovasculares, que equivalen al 28,67% de las quejas por esta causa.

No obstante, esta circular solo cobija a pacientes de cáncer, VIH/Sida, atención de urgencias, la prestación o provisión de servicios y tecnologías de salud relacionados con la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud y eventos priorizados de acuerdo con la caracterización poblacional o el análisis de la situación en salud.

Es precisamente esto lo que Silva no comparte de la circular expedida por el Gobierno.

"No estamos de acuerdo en el proceso de discriminación que genera la resolución y es regresiva en el goce del derecho, porque lo define para algunas patologías, cuando la norma dice que es para todos los colombianos", enfatizó Silva.

Se preguntó el vocero de Pacientes Colombia si más de 2.3 millones de pacientes con trasplantes que hoy necesitan una autorización no pueden ser cobijados por esta circular. 

Denis Silva recriminó que el Gobierno no trabajó esta directiva con las asociaciones de pacientes y médicas del país.

"Llama poderosamente la atención que lo que el Gobierno quiso hacer bien, lo que termina haciendo es castigando a millones de pacientes, porque solo centra el derecho en algunas poblaciones", expresó Silva, alertando que en el país hay 16 millones de personas que ya conviven con alguna condición.

El Gobierno definió que las autorizaciones ahora quedarán registradas en las historias clínicas, por lo que las EPS, clínicas y hospitales no deben emitirlas más, sino que deben remitir a los pacientes de manera inmediata a los especialistas o dispensarios de medicamentos.

Por su parte, el expresidente del Colegio de Médicos de Colombia, Roberto Barquero, sostuvo a Zona Cero que la circular se basa en leyes y resoluciones viejas, es decir, "esto es como reafirmar algo que se supone que ya está".

Pero aseguró que esta circular no se puede cumplir si el Gobierno no gira los recursos a las IPS. 

"¿Cómo obligas a una IPS a que compre un medicamento si ese medicamento le toca pagarlo, pero no tiene plata para pagarlo porque no se lo han pagado antes? Ese es el problema. Repiten lo mismo, pero, por ejemplo, el Adres recién se puso al día con las deudas del 2022. Ojalá la Dian le permitiera a uno estar tres años sin pagar impuestos", afirmó.

Para el fundador de la Asociación de familiares y cuidadores de personas con Alzheimer, Álvaro Brochero, esta directriz no es clara.

"Los médicos y clínicas deben tener claridad de esta circular, en la historia clínica se puede ver la información correcta, pero el mensaje debe ser claro para no hacer correr riesgos en los pacientes", expuso.

La Supersalud señaló con respecto a esta polémica circular que las cargas administrativas no deben ser cargadas al usuario y que la finalidad es hacer respetar el derecho de los colombianos a la salud.